La Ley 2456 de 2025, sancionada el 22 de mayo de 2025, crea los Fondos de Protección y Apoyo a Personas con Discapacidad y sus Cuidadores o Asistentes Personales. Su meta principal es recaudar y administrar dinero para mejorar la calidad de vida, la inclusión social y la autonomía de esta población en Colombia.
Por Rodrigo Smith Barrero Reina, integrante de la Junta Directiva
La evolución normativa sobre discapacidad en Colombia ha transitado desde un enfoque predominantemente asistencial hacia un modelo social y de derechos humanos que exige la eliminación de barreras y la igualdad de oportunidades. En este contexto, la promulgación de la Ley 2456 de 2025 representa un nuevo hito: busca ajustar marcos institucionales, reforzar medidas de inclusión y consolidar obligaciones estatales y privadas para garantizar la participación plena de las personas en situación de discapacidad. A lo largo de este texto, se revisan los conceptos fundamentales asociados a la discapacidad, se analiza el impacto previsto de la nueva ley y se pone en diálogo con los enfoques técnicos de organismos como la OIT, la CEPAL y el BID, así como con la legislación comparada en América Latina.
Conceptos de discapacidad: hacia el modelo social integrado
La definición contemporánea de discapacidad asume la interacción entre condiciones personales (deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales) y barreras sociales, ambientales y actitudinales que limitan la participación. Este enfoque —adoptado por instrumentos internacionales y legislación colombiana reciente— desplaza la visión médica o caritativa hacia la idea de derechos, autonomía y ajustes razonables. En Colombia, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por Ley 1346 de 2009) constituyen el bloque de constitucionalidad que orienta la interpretación de derechos y obligaciones públicas. La jurisprudencia ha reforzado criterios sobre estabilidad laboral reforzada, ajustes razonables y no discriminación.
Principales ejes de la Ley 2456 de 2025 (impacto esperado)
Reforzamiento institucional y coordinación: la Ley busca consolidar y articular el Sistema Nacional de Discapacidad, optimizando la coordinación entre entidades nacionales, territoriales y actores sociales. Para ser efectiva requiere capacidad técnica, recursos y mecanismos de rendición de cuentas.
Accesibilidad universal y eliminación de barreras: la Ley amplía obligaciones para garantizar accesibilidad física, a la comunicación y a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en espacio público, educación, salud, empleo y administración de justicia.
Empleo e inclusión laboral: profundiza medidas afirmativas, incentivos y obligaciones de ajustes razonables en el sector público y privado; exige planes de reubicación y readaptación cuando proceda.
Salud, rehabilitación y autonomía: refuerza derechos de habilitación y rehabilitación, acceso a dispositivos de apoyo y la integración de la atención en salud con enfoque de derechos.
Protección jurídica de la capacidad y apoyos para el ejercicio de derechos: incorpora mecanismos que garantizan la autonomía, acuerdos de apoyo y salvaguardas frente a discriminación y vulneración de derechos.
Comentarios de organismos internacionales: OIT, CEPAL y BID
OIT: sus convenios y recomendaciones sobre readaptación profesional y empleo de personas con discapacidad impulsan políticas de readaptación, formación y empleo integrado. La Ley 2456 deberá alinearse con esos estándares y promover procesos formales de readaptación y capacitación laboral.
CEPAL: enfatiza la necesidad de políticas intersectoriales que vinculen educación, empleo, protección social y accesibilidad, y subraya la importancia de datos desagregados por discapacidad para diseñar políticas efectivas.
BID: destaca la inversión pública y la cooperación técnica para mejorar accesibilidad, tecnologías de apoyo y empleo inclusivo; propone evaluaciones costo‑beneficio que muestran retornos sociales y económicos por la incorporación laboral de personas con discapacidad.
Las recomendaciones de estos organismos sugieren que la Ley 2456 se beneficie de enfoques basados en evidencia, financiamiento sustentable y medición de impacto.
Legislación comparada en América Latina: tendencias y lecciones
Tendencias: existe convergencia hacia modelos basados en la Convención de la ONU, con leyes integrales que reconocen derechos, definen accesibilidad universal, ajustes razonables y mecanismos de participación de organizaciones de personas con discapacidad.
Lecciones: la eficacia normativa depende de la articulación entre legislación, reglamentación clara, recursos presupuestales y vigilancia independiente. Las políticas que combinan incentivos (subsidios, beneficios fiscales) con obligaciones y sanciones suelen inducir cambios más firmes en los sectores público y privado.
Riesgos comunes: normas modernas sin ejecución efectiva, persistencia de barreras actitudinales, fragmentación institucional, insuficiente formación local y ausencia de datos confiables. La participación activa de organizaciones de y para personas con discapacidad en diseño y seguimiento es condición de éxito.
Retos para la implementación de la Ley 2456 en Colombia
Financiamiento y atribución de competencias: sin asignación presupuestal clara y mecanismos de coordinación, la implementación será desigual entre territorios.
Fortalecimiento de capacidades territoriales: municipios y departamentos requieren formación técnica para adaptar entornos y ofrecer servicios integrados.
Monitoreo y datos: es esencial establecer indicadores desagregados (participación laboral, acceso a servicios, escolaridad) para evaluar impacto.
Cultura institucional y capacitación: eliminar barreras actitudinales exige formación en derechos humanos para funcionarios públicos y privados.
Recursos de protección y justicia: asegurar vías eficaces de reparación, quejas y control jurídico para hacer efectivos los derechos consagrados.
Conclusión
La Ley 2456 de 2025 tiene el potencial de consolidar avances transformadores para las personas con discapacidad en Colombia al articular el marco jurídico con el paradigma de derechos, ampliar obligaciones de accesibilidad y reforzar medidas de inclusión laboral y social. No obstante, su éxito dependerá decisivamente de la asignación de recursos, la claridad reglamentaria, la participación activa de las personas con discapacidad y la implementación de sistemas de monitoreo y rendición de cuentas. La norma es el primer paso; la política pública sostenida, intersectorial y basada en evidencia es la condición para pasar de la norma a la inclusión real.
Referencias seleccionadas (normativa y documentos regionales relevantes)
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) y Ley 1346 de 2009 (Colombia).
Ley Estatutaria 1618 de 2013 (Colombia).
Documentos y recomendaciones de la OIT sobre empleo y readaptación profesional.
Análisis y recomendaciones de la CEPAL sobre inclusión social y datos desagregados. Y este documento
Estudios y pautas del BID sobre accesibilidad, tecnologías de apoyo e inversión pública en inclusión.
Legislación comparada: normas recientes de Chile, Perú, México y Argentina sobre discapacidad e inclusión